Catorce meses después del repentino fallecimiento del Obispo de Astorga y presidente de la comisión antipederastia en la Iglesia, Juan Antonio Menéndez, hoy inicia su ministerio episcopal el leonés Jesús Fernández González.
De las 70 diócesis repartidas por todo el territorio, se pone al frente de una de las diócesis más antiguas pero también aquella donde se llevó a cabo la primera manifestación contra la pederastia en la Iglesia en España y que ha protagonizado uno de los escándalos más sonados en nuestro país, los abusos sexuales a menores en el seminario menor de La Bañeza y el colegio Juan XXXIII de Puebla de Sanabria. Las denuncias de varios seminaristas víctimas de esos abusos, comenzaron a destapar décadas de abusos, violaciones y encubrimientos a decenas de niños internos en los centros de Puebla de Sanabria y La Bañeza con total impunidad.
Recordemos dos de los casos más sonados vividos en esta diócesis.
Caso «Ramos Gordón»
Ha sido el primer caso de pederastia condenado por la Santa Sede en España.
Detrás de la cara afable, de trato amable y cercano, de José Manuel Ramos Gordón, «Chemita» como le llamaban en puebla de Sanabria, se escondía un auténtico «depredador sexual», como le han calificado algunas de sus víctimas. F.J.L. fue el primero en armarse de valor y llamar a la puerta del más alto mandatario de la Institución, el Papa Francisco, en el año 2014 para denunciar el calvario al que fueron sometidos él y su hermano durante un año que se les hizo eterno. A pesar de que sus casos estaban prescritos canónica y civilmente, incluso una de las víctimas había fallecido, el propio Papa Francisco derogó esa prescripción iniciando el caso. Bastaron una mesa, un par de sillas y unos folios si era necesario hacer alguna anotación, para iniciar un proceso canónico donde se le citó para relatar los hechos y «saber que quería», sin ningún tipo de asesoramiento ni información sobre el proceso que se estaba celebrando.
Ramos Gordón reconoció los abusos a ambos menores, algo más que conocido en ambas localidades donde fue destinado, tanto por los alumnos como por rectores y tutores de esos niños que alertaron de su conducta delictiva y le encubrieron tantos años. Entre ellos está Francisco Javier Redondo de Paz, tutor al que los niños pidieron ayuda ante la pasividad del rector, que también estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo. Javier Redondo no sólo no hizo nada, encubrió de forma cómplice al pederasta, sino que pudo seguir contemplando las caras desencajadas de sus víctimas junto con unos castigos físicos y psicológicos por haber hablado más de la cuenta.
Mientras el párroco pederasta continuaba en su parroquia de Tábara, la Santa Sede tardó más de un año en emitir su condena canónica que consistió en apartar durante un año del oficio pastoral y su traslado a la casa sacerdotal de Astorga para realizar ejercicios espirituales. Para Juan Antonio Menéndez fue «una pena justa y proporcionada a la gravedad de los hechos» abusar continuadamente de dos menores durante un año entero, pero una juez de La Bañeza a que le llegó la denuncia de F.J.L., estimó que, de no estar prescritos, sería juzgado y condenado a penas entre 8 y 12 años de prisión.
En la práctica la «condena» canónica se tradujo en la jubilación que solicitó el propio pederasta, con homenajes y despedidas públicas, y su trasladado como responsable de la casa sacerdotal donde ha residido hasta su posterior exilio en enero de 2019.
Una denuncia de una tercera víctima, esta vez del colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria, dio lugar a una nueva condena a pesar de que el propio abusador no quiso reconocer los hechos – «Después de tres años, seguir dándole vueltas a esto… conmigo que no cuenten para esto» – fueron sus únicas declaraciones. Se consideró como agravante la «reincidencia» del pederasta, a pesar de que los hechos denunciados fueron anteriores a los de La Bañeza.
Tras esa tercera víctima tampoco llegó la excomunión, ni la reparación al honor de las víctimas ni el «acompañamiento» de la comisión de protección de menores que encabeza la psicóloga astorgana Mª José Díez.
Esos tres casos denunciados y juzgados canónicamente no han sido los únicos, se habla de docenas de víctimas en ambos centros, que atemorizadas y visto el trato que han recibido las anteriores denuncias y sus resultados, aún no se atreven a denunciar y revivir el calvario que han sufrido durante décadas.
F.J.L. declara indignado que equipara el trato recibido tras su denuncia, donde le han llegado a acusar insultantemente de hacerlo por dinero, con el propio abuso en sí que sufrió. Reclama una Comisión independiente de la Institución para investigar los abusos sexuales en la Iglesia en España, tal y como se viene haciendo en otros países. Su caso, y por ende el de su hermano, se considera «cerrado». Para él ha sido revivir una continua pesadilla con la que acaban conviviendo, nunca olvidando ni perdonando.
José Manuel Ramos Gordón está felizmente jubilado y desde enero de 2019 reside en un convento fuera de la diócesis donde cometió tan graves delitos, en 10 años regresará a la casa sacerdotal de Astorga. Disfruta de un retiro espiritual lejos de miradas indiscretas y sin que nada recuerde su pasado delictivo salvo, quien sabe, su conciencia.
Javier Redondo fue ascendido a Vicario territorial de Ponferrada y Galicia, aunque al fallecer el obispo ha perdido validez pero sigue siendo una autoridad en la zona, y el destino ha querido que tenga que asumir las competencias del párroco Ángel Sánchez Cao, apartado del oficio pastoral por más denuncias de abusos sexuales, en la localidad de Barco de Valdeorras. Jamás se le ha juzgado por encubrir los abusos continuados ni sancionado por parte de la Institución, ningún responsable ha asumido culpa alguna atribuyendo las posibles responsabilidades a sacerdotes y obispos ya fallecidos.
Ninguna de las víctimas supervivientes ha recibido un céntimo en concepto de indemnización por los delitos de abuso sexual continuado ni la Conferencia Episcopal lo contempla, los denunciantes siempre han insistido reiteradamente que no ha habido ninguna motivación económica en cada denuncia, no hay dinero que repare el dolor y trato sufrido, pero sería más que legítimo y justificable hacerlo si así quisieran solicitarlo. Para el Obispado de Astorga, indemnizar a esas víctimas sería una «malversación de fondos». Se sigue utilizando el argumento de indemnización y reparación como arma arrojadiza a las víctimas para restarles credibilidad, sintiéndose de nuevo agraviadas ante tales acusaciones.
Caso «Sánchez Cao»
Normalmente las víctimas de abusos en el ámbito religioso no son tomadas en cuenta en primera instancia, como si tuvieran un objetivo más oscuro y causar un perjuicio grave o quisieran enriquecerse denunciando los abusos y violaciones que han padecido. Todas denuncian el ninguneo y desprestigio de sus testimonios en algún momento del proceso, pero en el caso de Emiliano Álvarez, ni él mismo esperaba el giro que dio su caso cuando denunció los abusos a los que le sometió el sacerdote Ángel Sánchez Cao en el seminario menor San José de La Bañeza. No era su profesor, si recuerda que de vez en cuando daba alguna clase de sustitución de religión, pero si era su tutor de séptimo de EGB. Los abusos y vejaciones se daban como en el resto de los casos, por la noche y en los dormitorios comunes. Sánchez Cao no era el único pederasta ni Emiliano su única víctima. Calcula que al menos la mitad de su dormitorio, 80 niños, fueron «visitados» por él.
La denuncia de F.J.L. fue el impulso que necesitaba para interponer la denuncia en el año 2017. La campaña de desprestigio hacia Emiliano no se hizo esperar, pero éste, en un movimiento de trasparencia y demostrar su verdad, la verdad que él y muchos vivieron, se presentó como una víctima de pederastia con un pasado de drogadicción e intentos de suicidio a los que le llevó los abusos perpetrados por Sánchez Cao. Prefirió mostrar sus problemas antes de que fueran utilizados en su contra.
«No había droga suficiente que te hiciera olvidar lo vivido», declaró Emiliano. Su testimonio no fue tenido en cuenta, su abusador llegó a cuestionar incluso que fuera alumno suyo, pero en un encuentro que fue grabado para el soberbio documental «Exámen de Conciencia» llegó incluso a pedirle perdón «si te he ofendido en algo«. Lamentablemente Emiliano fue tratado como una víctima de segunda.
Pasaron dos años para que su testimonio tuviera credibilidad y validez, dos años en los que se vio obligado a manifestarte pacífica y reiteradamente en Astorga y seguir defendiendo su honor y la verdad ante los medios y la sociedad. Sánchez Cao llegó incluso a interponer una denuncia contra el propio Emiliano por un delito de injurias y calumnias. La impunidad de abusar libremente durante décadas de menores indefensos es lo que tiene, una soberbia indecente a la que se debió poner coto desde la propia Institución. Una segunda denuncia propició que por fin Sánchez Cao fuera apartado de su parroquia y está a la espera de su condena canónica, que visto los precedentes, no se espera que sea la deseada para sus víctimas.
«Les preocupa más el aborto, la homosexualidad, el colectivo LGTBI, la X de la casilla de la declaración de la renta que limpiar la Institución de pederastas».
Su caso actualmente se encuentra en el tribunal de la Nuncia Apostólica de Rota, aún no se explica qué hace ahí, pero por fin se siente satisfecho que su testimonio sea considerado veraz.
Ángel Sánchez Cao se encuentra retirado de su oficio pastoral a la espera de la resolución por parte de la Santa Sede cumpliendo sus funciones el encubridor de otros abusos, Javier Redondo.
Emiliano Álvarez se ha convertido en un ferviente activista contra la pederastia en la Iglesia y su encubrimiento. Junto con otras víctimas y activistas han creado la asociación Infancia Robada, primera asociación de víctimas de pederastia en la Iglesia con un fin muy claro, terminar con las violaciones y abusos sexuales a menores y conseguir purgar la Institución de pederastas. Su lema es tan contundente como sensato: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.
Cómo siempre ha venido haciendo de forma pacífica y respetuosa, Emiliano hoy ha querido hacerle llegar su llamamiento para ser escuchado al nuevo obispo Monseñor Jesús Fernández, pero de nuevo ha sido desalojado sin justificación por la policía, un desaire más a las víctimas que no quieren caer en el olvido. Aunque después de que el propio Arzobispo de Oviedo, D. Jesús Sanz, en el propio funeral de su amigo Juan Antonio Menéndez, apuntara a medios y víctimas de pederastas – sacerdotes descentrados y extraviados para él- de prácticamente acabar con la vida del Obispo, nada puede sorprenderles.
Dos casos terribles que no hacen más que advertir que es «la punta del iceberg», estremece pensar lo que aún queda por contar. En un siguiente artículo hablaremos de las consecuencias a nivel nacional de estos gravísimos casos ocurridos en esta diócesis.
NUESTRA MÁS SINCERA ADMIRACIÓN POR LA VALENTÍA DEMOSTRADA DE LOS PROTAGONISTAS QUE HAN DADO EL PASO DE DENUNCIAR, LA SOCIEDAD MÁS QUE NUNCA ESTÁ EN DEUDA CON ELLOS.
