Una familia de Astorga denuncia de un nuevo caso de discriminación educativa en el centro Camino de Santiago de la localidad de la Virgen del Camino.
El menor se encuentra matriculado en 2º de la ESO con apenas apoyos ni profesorado debidamente formado.
El centro ya ha comunicado la decisión de segregarlo a un centro de educación especial en contra del criterio de la familia que, según denuncian, «se ha convertido al niño en un chivo expiatorio mediante un bochornoso informe donde se hacen continuamente alusiones personales que atentan contra su dignidad e integridad moral».
Concretamente se refieren, por poner un ejemplo, al hecho de que «el menor no tolera la mascarilla» algo que según indica la familia no debería ni reflejarse en un informe educativo ni tiene relevancia alguna pues el menor está exento del uso de la misma. «Lo primero que hicieron fue ponerle una, observar su reacción y reflejarlo en un documento con la connotación negativa correspondiente».
Tales consideraciones han llevado a la familia a denunciar los hechos ante el Comité de Derechos para personas con discapacidad de Naciones Unidas, cuya Convención entró en vigor en España en mayo de 2008 y a través del cual vincula y compromete al estado español a nivel constitucional y su articulado prevalece sobre cualquier contenido jurídico de cualquier ley española.
El informe está aún pendiente de autorizar por parte de la inspección educativa de la Dirección Provincial de Educación, aunque a la la familia se le ha transmitido de forma oral en el propio centro «que ya está decidido y poco se puede hacer».
Consideran que el informe psicopedagógico que elaboraron ocultando las verdaderas razones del mismo, a la familia le dijeron que era para valorar los apoyos que debían darle y su durabilidad, es motivo suficiente de denuncia . El menor se traslada diariamente desde otra localidad a más de 40 km donde sufrió acoso escolar motivado desde el anterior centro ordinario donde estuvo matriculado el niño, para permanecer en el centro tan sólo 2,5 horas diarias.
La familia ha firmado la negativa a la segregación del menor con un amplio historial de discriminación educativa por parte de la Administración, y ha solicitado a petición propia, que se dote de recursos y personal cualificado al centro, como por ejemplo, personal de apoyo de pedadogía terapéutica o de audición y lenguaje para alumnado preferente, tal y como hay en otras comunidades como Galicia.
El propio centro ha reconocido no tener recursos suficientes algo que, en opinión de la familia, no debería ser motivo de exclusión sino de insistencia y compromiso hacia el alumnado con necesidades educativas especiales.
Curiosamente el presidente de la Junta de Castilla y León – Alfonso Fernando Fernández Mañueco – ha manifestado «utilizar todas las herramientas que le permitan para defender el sistema educativo de Castilla y León contra la Lomloe» y garantizar un sistema educativo basado en la «calidad, equidad y libertad».
La Lomloe, reforma educativa recientemente aprobada, conocida como ley Celaá, tiene entre sus objetivos principales evitar «la segregación» de los alumnos, y para ello el Gobierno pretende «reforzar» la capacidad «inclusiva del sistema».
