“Siempre son los hombres los que hacen posible la explotación sexual y reproductiva victimizando a las mujeres.”
En pleno siglo XXI, las mujeres y niñas, del planeta, siguen contándose entre las principales víctimas de trata en el mundo. No tienen protección de sus derechos humanos y están expuestas a todas las formas de violencia patriarcal, quedando expuestas, en la cotidianeidad, a situaciones de alta vulnerabilidad que se incrementan en casos de migración, conflicto o pobreza.
Sufren la discriminación con base en el género, lo que incluye injusticias socioeconómicas en sus países de origen; las políticas migratorias y los sistemas de asilo con sesgos de género en los países extranjeros; y los conflictos y emergencias humanitarias.
Todos saben que el combate de la trata de mujeres y niñas en el marco migratorio global requiere de un mayor compromiso y medidas de protección derivadas de las leyes internacionales humanitarias, de refugiados, penales y laborales.
Ya que la violencia ejercida en la prostitución por hombres de todo el mundo y aprendida en la pornografía devalúa la imagen de las mujeres, normaliza la violencia sexual masculina y favorece la desigualdad entre hombres y mujeres.
Los Estados, demuestran falta de interés por la protección de las mujeres y niñas en su legislación interna, que no norma ni penaliza todas las formas de proxenetismo, tampoco, establece mecanismos de incautación de los beneficios obtenidos de la explotación sexual de mujeres y menores con reversión directa a favor de las sobrevivientes.
De la misma forma, los Estados no brindan el respaldo del desarrollo sostenible para reducir los factores de riesgo que propician la trata, en profunda complicidad con los proxenetas del planeta.
Ante este panorama de desinterés de los Estados asociado al género, es menester recalcar que los Estados no brindan protección a los supervivientes, por el contrario, en muchos países se penaliza a las mujeres en condición de prostitución, sin visibilizar su condición de víctima de trata por un hombre o por una red de proxenetas. Igualmente, los Estados no garantizan los mecanismos y recursos suficientes para que las mujeres en situación de prostitución puedan salir de esta forma extrema de explotación y violencia; fomentando la discriminación asociada al género.
Todo, porque el sistema patriarcal creó una serie de mecanismos económicos, políticos y culturales que promueven la desigualdad entre hombres y mujeres. Haciendo con que las mujeres sean las personas más desfavorecidas en una sociedad donde los hombres son los entes dominantes, que utilizan los cuerpos de las mujeres para satisfacer sus taras y generar réditos económicos.
La prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler son formas brutales de abuso sexual y violencia que los hombres ejercen contra mujeres y niñas con complicidad de los Estados, por la falta de compromiso para abolir las prácticas que reproducen la desigualdad y la violencia; sumado a la impunidad de los agresores, por la fragilidad de la justicia, normalmente envuelta en velos machistas.
Por muchos siglos, el sistema patriarcal, viene justificando la prostitución de las mujeres con mentiras como “es un mal necesario en la sociedad” o “la profesión más antigua del mundo”, para poder seguir ejerciendo violencia y sometimiento al cuerpo y a la mente femenina.
El capitalismo neoliberal logró mercantilizar todos los ámbitos de la actividad humana, incluidas la sexualidad y la reproducción. En ese marco, se hacen campañas para normalizar el uso del cuerpo de la mujer como instrumento de enriquecimiento, cosificando al extremo la mujer. Al tiempo que ha limitado a millones de mujeres y niñas, normalmente, en situación de pobreza extrema, a la condición de mercancías para la explotación sexual y reproductiva.
La manera más descarada, de mantener a las mujeres en condición de esclavitud sexual, es el discurso del capitalismo neoliberal sobre la libertad individual y el consentimiento, tal fundamento ideológico, legitima la explotación de niñas y mujeres en la pornografía, la prostitución y los vientres de alquiler, porque siempre que sean cuestionadas dirán que es por su voluntad y libre albedrío que se encuentran en esa condición, cuando, en realidad, lo hacen amenazadas por proxenetas. Ocultando de esa forma la criminalidad, la violencia, la trata y la esclavitud que están en el origen de esos negocios.
Mientras no se erradique las normas y valores patriarcales formalizados en las leyes que facilitan el tráfico de niños y los matrimonios forzados de menores de edad, la existencia de lenocinios, se seguirá penalizando a las mujeres, por haber nacido mujeres.
La explotación reproductiva, se da, también, por la subrogación de úteros y se revela como otra faceta de la trata de personas con fines reproductivos. Porque permite crear un mercado negro y con ello, situaciones de servidumbre y esclavitud, justo como ocurre en la trata con fines sexuales.
La cadena de explotación reproductiva, al igual que la prostitución y alquiler para la violación de niñas menores de edad, que se forma entre los extremos de la demanda y la oferta, formada por el trinomio aprovechamiento de la situación de pobreza, cosificación e instrumentalización del cuerpo femenino, explotación y extracción de valor de un cuerpo ajeno, todo ello a cargo de un tercero intermediario que lucra económicamente, no dejan duda de que estamos ante facetas de la criminalidad con base en el género.
Mientras no se elabore políticas públicas que otorguen autonomía y acceso equitativo de las mujeres y las niñas a la educación y el empleo y, no se garantice la participación completa, efectiva y sustantiva en todos los niveles de la toma de decisiones que busquen prevenir o combatir la trata de las mujeres y de niñas, en especial de las víctimas, de las comunidades afectadas por ese delito y de las personas en riesgo de sufrir ese lastre, la trata y tráfico de mujeres, seguirá existiendo como un negocio rentable entre hombres.
