¿Alguna vez te has preguntado quién es el propietario de la catedral de Notre Dame de París? Si bien la mayoría cree que es la Iglesia Católica, Notre Dame es en realidad propiedad del gobierno francés.
“El Gobierno español reconoce que las inscripciones eclesiásticas pueden ser inconstitucionales pero no las anulará y dejará que particulares y ayuntamientos litiguen con la Iglesia en los tribunales. Las asociaciones patrimonialistas sostienen que el Estado no puede eludir su responsabilidad en la recuperación de cientos de bienes de dominio público”. Publicado en Publico el 22/02/2021 07:43 . En este mismo artículo se revisan algunos de los cientos de ejemplos de la ilegalidad total de estas inmatriculaciones.
La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, redactó en 2018 un informe jurídico municipal defendiendo la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba. En contra de este compromiso como de la del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez (Sánchez recuperará los bienes inmatriculados de la Iglesia, La Vanguardia 04/01/2020 12:44), ahora el “Ejecutivo no impulsará ninguna reforma legislativa para anular las inscripciones eclesiásticas, practicadas en virtud de un privilegio supuestamente inconstitucional”. Serán los propios ayuntamientos y particulares los que tendrán que litigiar con la iglesia en los tribunales.
Lo que seguramente ha determinado esta decisión es una consecuencia de los acuerdos que los sucesivos gobiernos de España han llevado a cabo con el Vaticano y la Conferencia Episcopal. Con esta decisión el Gobierno de Sánchez lo que pretende es dar por cerrado el problema de las inmatriculaciones inconstitucionales realizadas por la Iglesia al amparo de la permisibilidad en épocas del ex presidente José María Aznar.
Esto lo hace de una manera absolutamente impresentable porque de esa manera, que sean los particulares y ayuntamientos los que lleven a cabo los litigios es prácticamente imposible. Que se inicien miles de pleitos es una encerrona y ninguna solución. Y es que además es inviable: estos pleitos son largos y costosos. ¿Qué particular, que ayuntamiento puede aguantar litigios que han llegado en algunos casos a los 20 años, con unos costes impresionantes, y que muchos de ellos han tenido que llegar a las altas instancias jurídicas de la Unión Europea?
“No tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la Ley”. Estas eran las palabras textuales del actual presidente del Gobierno en una de las sesiones del pleno de investidura a principios de 2020. En ese mismo pleno “destacó la condición aconfesional de España”. Lo que estamos viendo es que se está dando carpetazo a una “cuestión de estado” con una catadura inmoral sin precedentes.
De las casi 35.000 inscripciones eclesiásticas muy pocas van a dar marcha atrás. Posiblemente algún alcalde y algún particular presentaran batalla, pero van a ser los menos.
Una de las condiciones fundamentales de la política es llevar a su fin las promesas prometidas en campaña y especialmente en las cortes, que es donde reside la soberanía del pueblo. Ceder al poder de los despachos de los Obispos, aplicados notarios sin título, deslegitima cualquier autoridad pública.
¿Qué es lo que dice la Conferencia Episcopal?
Pues lo siguiente, no tiene desperdicio.
“Recientemente se ha puesto en duda la capacidad de la Iglesia para poseer bienes materiales y para inscribirlos en el Registro de la Propiedad. Se ha dicho que la Iglesia no debería tener tantos bienes y que además su inclusión en el Registro de la Propiedad se ha realizado de manera fraudulenta.
La Iglesia, el Pueblo de Dios, está formada en España por más de 40.000 instituciones, registradas legalmente, y con capacidad de poseer bienes. Cada una de esas instituciones diócesis, parroquias, comunidades religiosas activas o contemplativas, institutos seculares, sociedades de vida apostólica, etc. pueden tener sus bienes para realizar la misión que se les ha confiado. Lo pueden hacer como cualquier otra institución civil, social, deportiva, científica, académica que concurren en el espacio público y trabajan en el tejido de la sociedad. Conocer la historia resulta imprescindible”.
Lo que no dice es que se tiene que respetar en todo momento la legalidad, y que deben de ser los notarios y no los obispos, los que realicen esa labor, que tiene que se contrastada e investigada en profundidad.
En fin, con la Iglesia hemos topado.
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