“Empiezo a pensar que hay gato encerrado” (Miguel de Cervantes)
La administración existe desde que el hombre vive en sociedad, con la necesidad de regular la vida cotidiana de sus congéneres, y siempre ha tenido el objetivo de hacer la vida más fácil, pero es bien cierto que ha generado el efecto contrario, una enorme carga burocrática sobre el ciudadano en el que recae el mayor peso para solucionar todo tipo de trámites. Hay administraciones simples y complejas, entre las simples y más conocida está la administración del hogar, la cual siempre ha recaído sobre las mujeres, y una de las más complejas es la administración pública, que es sin duda uno de los problemas de este país para realizar su gestión.
Toda administración pública debe tener unos principios bien definidos: disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, jerarquía y orden; todos ellos deben estar en sintonía para que sea eficaz, pero la realidad es bien distinta, pues resulta que es lenta e ineficaz, produciendo duplicidad en las distintas administraciones debido a la distribución territorial de este país (consistorios, diputaciones, gobiernos autonómicos y gobierno central). Desde que un ciudadano decide iniciar un trámite con la administración pública empieza un calvario de impresos a confeccionar y documentación a presentar que no tiene fin, y todo, tras la reforma de la nueva Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que una de sus novedades es que los interesados no están obligados a aportar al procedimiento documentos que ya constan en la Administración.
Entonces, ¿dónde radica el problema?, pues una de las causas de la lentitud y poca eficacia de la Administración, es culpa de quien la administra. Los funcionarios son esa clase trabajadora que trabaja para la Administración, y su fin es realizar las labores propias del Estado con total transparencia y eficacia, independientemente de quien gobierne para que no se colapse el sistema.La imagen del funcionario ha sido muchas veces distorsionada, considerando que se trata de una persona vaga y con desidia con su trabajo; si bien, pudiera ser la más representativa, es cierto que lo que realmente ocurre es que todo trabajador asciende a su nivel de incompetencia, conocido como el “principio de Peter”, que se da en toda empresa, y sobre todo en la pública.
¿Ha notado que la incompetencia ocupacional está presente en todas partes?, este principio se forjó a través de la propia experiencia de su autor (Dr. Laurence J. Peter, 1967), cuando sufrió en su persona los designios de la administración: “….Cuando yo era pequeño me enseñaban que los hombres de posición me decían “Peter, cuanto más sepas, más lejos llegarás”….durante mi primer año de enseñanza, me sorprendió descubrir que numerosos maestros, directores,….parecían ser indiferentes a su responsabilidades e incompetentes, la preocupación principal del director era que ninguna persiana estuviese abierta. Al principio pensé que esto se debía a un defecto especial del sistema educativo en el que yo daba clases, por lo que solicité otro distrito. Rellené los impresos, adjunté los documentos exigidos y me sometí a todos los trámites burocráticos. ¡Pocas semanas después, me fue devuelta mi solicitud con todos los documentos!. No, no había hecho nada incorrecto, pero la carta que los acompañaba decía “Los nuevos documentos no pueden ser aceptados por el servicio de educación, previamente deben ser visados por el servicio de correos para garantizar su entrega, empecé a sospechar que el sistema escolar no poseía el monopolio de la incompetencia…”.
Todo esto nos suena a que alguna vez que nos ha ocurrido, por lo que podemos decir que el principio de Peter bien se aplica a la administración, pues el empleado tiende ha ser promovido de una posición de competencia a una posición de incompetencia, esto puede suceder a cualquiera en cualquier jerarquía; siendo éste, uno de los problemas endogámicos de todas las Administraciones Públicas.
Otro problema que está en actualidad, como consecuencia de la pandemia que sufrimos, es la distribución territorial del Estado. En 1978 se aprobó la Carta Magna de la que dimanan el resto de nuestro ordenamiento jurídico, en su Capítulo VIII, de la Organización Territorial del Estado, donde con sus Leyes marco, fija las distintas competencias que son transferidas a las respectivas Comunidades Autónomas. Hecho que ha quedado patente en los días que nos ocupan con la gestión de la pandemia con diecisiete normativas distintas para un mismo acto, y cada una más dispar y nuevamente reiterando, ineficaz.
Como ejemplos de las incongruencias dentro del propio Estado, tras la Sanidad transferida a las CCAA, por lo que se crea desigualdad entre los distintos servicios sanitarios, pues no es lo mismo la sanidad de Castilla León que la del País Vasco fuertemente consolidada, tras los distintos gobierno centrales y negociaciones con los partidos nacionalistas vascos; otra de las grandes diferencias entre ellas es el famoso impuesto de Sucesiones, pues dependiendode donde se produzca el óbito,y radique su domicilio fiscal, los herederos pagarán por una herencia, como ejemplo de 80.000 euros hasta 16.000 euros en Andalucía y como contrapartida pagará 150 en Madrid.
Tras ver este pequeño resumen de las grandes deficiencias de la Administración, que no solo se refiere a los dos ejemplos puestos, y que también nos encontramos con otros problemas, masificación, duplicidad, enchufismo, etc., no se ve con buenos ojos que esto tenga solución inmediata, ni visos de que por parte de los políticos que nos tocan tengan intención de solucionar el problema.
“Una buena administración pública es el secreto de todos los países desarrollados” (Pensamientos profundos de la red).
Jorge González Antón
